Qué cambia con el nuevo decreto y cómo afecta al acceso a medicamentos
El Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que garantiza el acceso universal al sistema sanitario público para todas las personas que viven en España, incluidas aquellas que se encuentran en situación irregular y también a las españolas que residan en el extranjero, pero estén pasando unos días en el Estado.
El objetivo principal de la reforma es simplificar los trámites para acceder al sistema sanitario. Hasta ahora, muchas comunidades autónomas exigían demostrar al menos tres meses de residencia en el país para obtener la cobertura sanitaria. Esto dejaba fuera a numerosas personas que, pese a vivir aquí, no podían acreditar formalmente ese periodo.
Ahora bastará con una declaración responsable que certifique que la persona no dispone de cobertura sanitaria en otro país. Además, se aceptarán distintos documentos para acreditar residencia: empadronamiento, informes de servicios sociales o documentación administrativa similar. Desde que se inicie el trámite, el solicitante recibirá un documento provisional que le permitirá acceder al sistema
Así se evitará ser atendidos únicamente en urgencias, facturas enviadas a personas vulnerables o diferencias en el acceso según la comunidad autónoma.
El impacto en las recetas médicas
Al integrarse en el sistema sanitario público, las personas beneficiarias podrán acudir a atención primaria y recibir recetas médicas dentro del Sistema Nacional de Salud.
Esto significa que los médicos podrán prescribir medicamentos con receta pública y las farmacias los dispensarán como cualquier otra prescripción del sistema sanitario.
Sin embargo, el decreto no modifica el modelo de copago farmacéutico. La cantidad que paga el paciente en la farmacia depende de su situación administrativa y de su nivel de renta registrado en el sistema. Por ello, las personas sin una base de cotización o sin datos fiscales asociados pueden acabar abonando un porcentaje mayor del coste del medicamento o incluso el precio completo.
Aun así, el cambio es relevante, porque mejorará la prescripción continuada de tratamientos o el seguimiento de enfermedades crónicas.
Un coste reducido dentro del sistema sanitario
Se estima que el coste de atender a personas en situación irregular en torno a entre 500 y 600 millones de euros anuales. La cifra adquiere otra dimensión si se compara con el conjunto del gasto sanitario público en España, que supera los 100.000 millones de euros al año. Por lo que el coste representa menos del uno por ciento.
Además, la población inmigrante utiliza menos el sistema sanitario que la población autóctona por ser más joven y con menor prevalencia de enfermedades crónicas y acude al médico de cabecera una vez cada dos años, frente a una media de siete visitas anuales entre la población española. La atención se equipara con la de los españoles con el aumento de la edad y años de residencia.
Los datos de gasto farmacéutico ilustran esa diferencia. Mientras el gasto medio anual en medicamentos de un ciudadano español supera los 300 euros, entre la población inmigrante regular ronda los 70 euros y en personas sin papeles apenas alcanza entre 8 y 10 euros anuales.
El peso demográfico de la inmigración
En España, hay cerca de 48 millones de habitantes. De ellas 9 millones han nacido en el extranjero, pero en su mayoría tienen ya nacionalidad española frente a las 500.000 y 700.000 personas en situación irregular, lo que supone entre el 1 y el 1,5 por ciento de la población.
Cada año se conceden entre 150.000 y 200.000 nuevas nacionalidades, especialmente a ciudadanos de países iberoamericanos, que pueden solicitarla tras dos años de residencia legal.
Más de 2,7 millones de trabajadores extranjeros están afiliados a la Seguridad Social, lo que supone alrededor del 13 por ciento de todos los cotizantes.
Un debate político que continúa
Los críticos de la medida advierten de un posible efecto llamada o de un aumento de la presión sobre un sistema sanitario que ya afronta problemas de listas de espera y escasez de profesionales.
Quienes defienden la reforma sostienen, que garantizar la atención sanitaria temprana reduce costes a largo plazo. Permitir el acceso a atención primaria y a tratamientos farmacológicos evita que enfermedades tratables terminen convirtiéndose en urgencias hospitalarias, mucho más costosas para el sistema.
En el fondo, el debate refleja una cuestión más profunda: si el sistema sanitario debe basarse exclusivamente en la situación administrativa de los ciudadanos o en el hecho de residir en el país.
